Misiones levanta desde el 24 de noviembre la suspensión de fumigar con drones
La reanudación llega mientras se trabaja en un registro de operadores y en protocolos diferenciados, y las denuncias de Pozo Azul y San Javier siguen en investigación.

El Gobierno de Misiones decidió dejar sin efecto, a partir del martes 24 de noviembre, la suspensión preventiva de las fumigaciones con drones. La medida surge de un entendimiento con referentes de las áreas productiva, industrial y profesional, alcanzado en un encuentro celebrado este jueves.
Ese acuerdo se trabajó en una instancia técnica conducida por Martín Recamán, titular de la cartera de Ecología y Recursos Naturales Renovables, junto a Facundo Ringa, subsecretario de Ecología y Desarrollo Sustentable. Según se informó, la reunión permitió aproximar posiciones entre el Ejecutivo provincial y las entidades empresariales que habían cuestionado el freno a esta tecnología, utilizada en tareas agrícolas y forestales.
Como consecuencia, la Disposición N° 104 pierde vigencia desde el martes, mientras se redactan reglas particulares que ordenen la aplicación aérea de fitosanitarios.
Registro de operadores y protocolos
Entre los consensos principales figura la creación de un registro de aplicadores, que incluiría una nómina de profesionales habilitados y un listado de productos autorizados para su uso con drones. Además, se prevé establecer protocolos diferenciados según cada actividad productiva, con previsiones sobre las modalidades de aplicación y las medidas para resguardar a las personas y al entorno.
El viernes se redactará una primera versión con los lineamientos acordados, que se presentará a las organizaciones que participaron. Después, se convocará a una nueva reunión técnica para definir los requisitos operativos y ambientales de la futura reglamentación.
Desde la cartera de Ecología precisaron que volver a trabajar no equivale a que la normativa definitiva ya esté aprobada. Mientras tanto, la actividad queda habilitada y el proceso regulatorio sigue en marcha.
Denuncias de productores en Pozo Azul y San Javier
La controversia se originó en denuncias de productores rurales de Pozo Azul y San Javier, que advirtieron sobre presuntos daños en sus plantaciones y posibles afectaciones a la salud tras aplicaciones de agroquímicos con drones en establecimientos cercanos.
En Pozo Azul, pequeños productores de Picada Unión y Picada 10 informaron perjuicios en cultivos de tabaco y otras producciones agrícolas, que atribuyeron a una posible deriva de productos químicos utilizados en campos vecinos. Frente a ese cuadro, la cartera ambiental había ordenado un freno preventivo para toda la provincia, decisión que preocupó a firmas y productores forestales y agropecuarios.
El levantamiento de la restricción general no implica que las denuncias hayan sido descartadas ni que exista una conclusión definitiva sobre el origen de los daños. Los trámites abiertos por la cartera seguirán avanzando por separado.
Participación sectorial y desafíos de control
La suspensión también había motivado reclamos de entidades empresariales del norte misionero, entre ellas la Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP), que reclamaron reglas claras y controles específicos para seguir utilizando la herramienta sin frenar la actividad económica.
Entre los presentes en la reunión del jueves estuvieron la Confederación Económica de Misiones (CEM), APICOFOM, AMAYADAP y otras entidades de los rubros forestal, industrial y agropecuario. También participaron organismos provinciales, el SENASA y colegios profesionales de ingenieros agrónomos y forestales.
Recamán celebró el acuerdo y la continuidad de un espacio de trabajo estable, con el propósito de definir cómo se usará la tecnología. Uno de los propósitos principales consiste en determinar quiénes manejan los equipos, en qué circunstancias fumigan y con qué insumos.
La futura normativa deberá considerar las particularidades de la producción misionera, en un territorio con chacras pequeñas, emprendimientos forestales, campos ganaderos y casas en zonas rurales. Aunque desde el martes 24 se habilitarán nuevamente las aplicaciones, sigue pendiente asegurar una fiscalización real que impida la deriva de productos, los daños en chacras linderas y los riesgos para la salud o el ambiente. Los afectados de Pozo Azul y San Javier esperan conocer los resultados oficiales de las pesquisas.



