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El Senado de la Nación convirtió en ley el régimen permanente de discapacidad con 71 votos

La votación en el recinto se dio tras más de cuatro horas de debate, con cuestionamientos de la oposición sobre el financiamiento y la deuda con los prestadores.

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Vista del recinto del Senado de la Nación durante una sesión de votación

El Senado convirtió en ley este jueves un proyecto que da carácter permanente al régimen de discapacidad y reemplaza el esquema de emergencia vigente. La votación registró 71 votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención. La iniciativa del oficialismo descartó la prórroga de la emergencia que reclamaba la oposición.

Según el texto aprobado, la norma apunta a superar las dificultades del sector y a dar mayor previsibilidad, transparencia y eficiencia a las políticas para personas con discapacidad. Además, reafirma los derechos vigentes y mantiene la continuidad de las prestaciones de la Ley 24.901.

Pensiones y requisitos

El régimen de pensiones no contributivas se actualiza para incluir de forma expresa a las personas imposibilitadas para trabajar. Los criterios de acceso se precisan con requisitos de residencia, niveles de ingresos y evaluaciones socioeconómicas.

El monto de las pensiones por invalidez laboral y por discapacidad se fija en el 70% de la jubilación mínima garantizada, con actualización automática atada a la normativa previsional. También se establece la compatibilidad con el empleo formal, siempre que los ingresos del beneficiario no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.

Presupuesto, cobertura y control

En materia presupuestaria, los próximos presupuestos deberán prever fondos adecuados para sostener las prestaciones. El ingreso por beneficiario no podrá caer en términos reales frente al ejercicio anterior, y el Poder Ejecutivo queda facultado para realizar ajustes si los recursos asignados resultan insuficientes.

Quienes cobran pensiones no contributivas tendrán acceso a un programa de atención sanitaria que abarque todas las prestaciones básicas previstas en la Ley 24.901. La norma también establece una coordinación permanente entre la Secretaría Nacional de Discapacidad y el Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS) para el diseño y evaluación de las políticas del sector.

El texto incorpora capacitación obligatoria para el personal de instituciones y prestadores, auditorías periódicas sobre las pensiones y la publicación regular de datos de ejecución del presupuesto, tarifas y número de beneficiarios, en formatos abiertos. Además, el Ejecutivo deberá fijar un calendario que salde las deudas acumuladas con quienes prestan servicios.

El debate en el recinto

Al abrir la discusión, el miembro informante del oficialismo, Agustín Monteverde, sostuvo que el proyecto “genera un régimen permanente en reemplazo de la emergencia”. Monteverde, presidente de la Comisión de Presupuesto, afirmó que la iniciativa “no entraña absolutamente ningún recorte” y precisó que la OPC estimó el costo para 2028 en 1,2 billones de pesos, mientras que las compensaciones pendientes a los prestadores suman unos 278.300 millones de pesos.

La senadora justicialista Alicia Kirchner afirmó que “toda ley es perfectible” y discrepó con la denominación de beneficiarios, al sostener que una persona con discapacidad es titular de ese derecho. La senadora Lucía Corpacci, expresidenta de la Comisión de Salud, señaló que el Programa Incluir Salud tiene un recorte real del 13% y cuestionó cómo se cumplirán las prestaciones adeudadas.

El senador pampeano Daniel Bensusan dijo que “hubiéramos querido otro texto mejor, más integral”, aunque pidió que la ley salga adelante.

Tras más de cuatro horas de debate, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, consideró que la norma es “un acuerdo social y político” y que “son políticas de Estado”.

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