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Quedan firmes las condenas a cuatro aduaneros por cobrar coimas en Posadas

Las condenas a la organización que cobraba coimas en el paso fronterizo con Paraguay quedaron firmes tras el fallo de Casación, que rechazó los recursos de las defensas.

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Ilustración relacionada con la condena a cuatro aduaneros por contrabando y coimas en Posadas

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal dejó firmes las condenas contra cuatro agentes de la Aduana acusados de cobrar sobornos para que mercadería de contrabando, proveniente de Paraguay, cruzara el puente internacional San Roque González de Santa Cruz sin pasar por los controles. El tribunal rechazó los planteos de las defensas y ratificó lo resuelto por el Tribunal Oral Federal de Posadas en agosto de 2025. Según se acreditó en el juicio, la organización funcionó entre 2016 y 2017.

Durante el debate se probó que la maniobra no dependía de un único agente que decidía dejar pasar un vehículo. Requería coordinación entre los jefes de turno que supervisaban los turnos, los guardas ubicados en los carriles de ingreso y los paseros que trasladaban la mercadería desde Encarnación hacia Posadas. Los jueces describieron una estructura con permanencia en el tiempo y reparto de funciones.

Cómo se detectó la red

La causa comenzó el 24 de agosto de 2016, cuando el entonces administrador de la Aduana de Posadas, Fernando Garnero, presentó una denuncia tras notar movimientos que no encajaban con el funcionamiento habitual del paso fronterizo. Entre ellos había automovilistas paraguayos que, al acercarse al sector de control, giraban de golpe y regresaban a Encarnación, y vehículos que atravesaban la zona primaria aduanera y luego eran interceptados con mercadería extranjera no declarada.

A partir de esa presentación, el fiscal Diego Sther cruzó antecedentes de procedimientos por contrabando con las planillas de servicio de los funcionarios del puente. La idea era establecer si existía coincidencia entre los agentes de turno y los vehículos que pasaban sin inspección. En octubre de 2016 se solicitaron intervenciones telefónicas, que con el tiempo se convirtieron en una de las pruebas centrales del expediente.

Un lenguaje codificado para hablar de coimas

Las escuchas revelaron que los involucrados usaban términos del fútbol para referirse a cargamentos, funcionarios y puestos disponibles. Los guardas de carril y los contrabandistas aparecían como “jugadores”, los jefes de turno como “directores técnicos”, los sectores de fiscalización como “canchas” y los arreglos económicos como “tricotas”.

Los responsables de turno conocían la distribución del personal y podían orientar a los paseros hacia el carril donde trabajaba un guarda dispuesto a permitir el ingreso. De ese modo, los contrabandistas elegían de antemano el sector y el momento del cruce. Otra expresión detectada, “hacer caravana”, advertía sobre la necesidad de no acumular vehículos seguidos que pudieran llamar la atención de otros funcionarios. Además, un grupo de WhatsApp llamado “paseritas jijiji” se utilizaba para intercambiar datos sobre el movimiento del puente y los carriles disponibles.

El uso de esas claves permitía hablar de turnos y cruces sin mencionar directamente sobornos ni el ingreso de mercadería ilegal.

Un episodio que vinculó las escuchas con los hechos

El 13 de agosto de 2017, el agente Orlando Ariel Alfonso, conocido como “Kiwi”, estaba asignado al carril 3 cuando se aproximó un Fiat Palio Adventure conducido por Miguel Ángel Jara. Las cámaras de seguridad registraron que Alfonso conversó con el conductor y le permitió seguir sin realizar la inspección correspondiente.

Minutos después, efectivos de Gendarmería Nacional interceptaron el vehículo sobre la avenida Costanera, en Posadas, y hallaron 390 luces LED de origen extranjero que no tenían la documentación aduanera exigida. El procedimiento conectó una omisión de control concreta con las comunicaciones que ya estaban bajo investigación. Jara fue condenado a tres años de prisión en suspenso mediante un juicio abreviado.

Allanamientos, juicio y penas

En octubre de 2017 se realizaron allanamientos y detenciones vinculados con la organización. El juicio oral se desarrolló en 2025 ante el Tribunal Oral Federal de Posadas, donde se reprodujeron conversaciones telefónicas, se examinaron registros de cámaras y declararon efectivos de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal.

  • Bernardino Castor Esquivel, oriundo de Clorinda, Formosa, fue condenado a seis años de cumplimiento efectivo, por su función de jefe de turno con responsabilidades de supervisión.
  • Francisco Antonio Llorente, de Paso de los Libres, Corrientes, recibió cinco años, por cumplir también funciones jerárquicas.
  • Orlando Ariel Alfonso, de Lomas de Zamora, Buenos Aires, fue condenado a cinco años por asociación ilícita, cohecho y contrabando de importación agravado por su condición de funcionario aduanero.
  • Lorenzo René Juárez, nacido en Lanús, Buenos Aires, recibió tres años con ejecución condicional.

Los cuatro quedaron inhabilitados de forma perpetua para ejercer cargos públicos.

Las defensas cuestionaron la validez de las escuchas, la cadena de custodia de las grabaciones y la imparcialidad del tribunal. Casación consideró que las medidas investigativas tenían sustento suficiente y que las partes habían accedido a toda la prueba reunida, por lo que desestimó esos planteos.

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